Un informe reciente, producto de una colaboración liderada por expertos del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), ha puesto de manifiesto las insuficiencias de la política industrial actual de la Unión Europea, proclamando que esta no conseguirá sus propósitos si no se somete a una revisión integral. La investigación, encabezada por figuras como Jason Hickel del ICTA-UAB, Richard Bärnthaler de la Universidad de Leeds y Sebastian Mang de la New Economics Foundation, argumenta que para alcanzar la autonomía estratégica se requiere “una reducción significativa en el consumo de materiales y energía”. La Universitat Autònoma de Barcelona compartió estos hallazgos a través de un comunicado emitido.
La presente normativa, representada por legislaciones como la Ley europea de materias primas esenciales, respalda un incremento en la extracción de recursos que podría exacerbar las tensiones geopolíticas y fomentar disputas internas relacionadas con la minería y la explotación de recursos. Esta investigación subraya, basándose en análisis de escenarios de baja demanda energética, que para el año 2050 Europa podría reducir su consumo energético a la mitad, lo cual facilitaría una autonomía en este ámbito y disminuiría la dependencia de las importaciones de forma considerable. Además, los investigadores critican la estrategia actual hacia la transición ecológica, que se fundamenta en promover al sector privado mediante subvenciones, garantías estatales y la liberalización de mercados. Según Hickel, este enfoque, aunque estimula la innovación, no aborda adecuadamente la eliminación de tecnologías e infraestructuras que dañan el ambiente, perpetuando así una inercia estructural dañina.
En su propuesta, los académicos enfatizan que la transición hacia prácticas más sostenibles será “demasiado lenta, fragmentada y dependiente de intereses lucrativos” si no se implementa una mayor dirección mediante la planificación pública, la orientación del crédito y la expansión de la propiedad estatal, en especial en sectores clave como el energético y el financiero. El equipo investigador sugiere una reestructuración de la estrategia industrial europea enfocada en tres prioridades fundamentales: el fortalecimiento de sectores esenciales como el cuidado de la salud, el transporte público y la vivienda accesible; la integración eficaz de estrategias de reducción de la demanda para garantizar la autonomía estratégica; y la extensión de la planificación económica orientada hacia objetivos ambientales.
Este análisis arroja luz sobre una preocupación creciente respecto a cómo abordar los retos ambientales globales sin comprometer la seguridad y estabilidad económica de Europa. Subraya la importancia de revisar en profundidad políticas y estrategias existentes, y llama a un cambio paradigmático en la manera en que se gestionan los recursos naturales y la energía. La insistencia en una reconsideración de las políticas existentes no solo pretende promover una gestión más sostenible y ética de los recursos, sino también destaca la urgencia de adaptar las infraestructuras y tecnologías a las realidades de un clima cambiante y una geopolítica incierta.
Este informe, aunque crítico, ofrece una vista comprensiva de los pasos necesarios para lograr una transición ecológica efectiva y justa en la Unión Europea. Al plantear una serie de modificaciones estructurales y estratégicas, busca inspirar un diálogo productivo y acciones concretas que puedan ser adoptadas por decisiones políticas a nivel de estados miembros y de la misma Unión. La visión que proponen los investigadores implica un cambio significativo en el enfoque tradicional, poniendo un énfasis mucho mayor en la moderación del consumo, la planificación centralizada y una revalorización de la esfera pública en la gestión económica.
Este estudio parece ser un llamado a la reflexión para políticos, empresarios y ciudadanos, sugiriendo que la sostenibilidad a largo plazo de Europa depende de una transformación profunda y bien considerada de su aparato productivo y de consumo. Con ello, los investigadores aspiran no solo a influir en la política inmediata, sino también a preparar el terreno para una Europa más resiliente y autónoma en un futuro marcado por retos ambientales y económicos cada vez más complejos.
