El proceso electoral recientemente concluido en la provincia de Buenos Aires ha puesto de manifiesto, con inusitada claridad, las exigencias fundamentales que la población argentina espera de sus dirigentes políticos. En su esencia, estas demandas pueden reducirse a dos necesidades básicas: la garantía de alimento diario y la provisión de empleo que permita sustentar esa necesidad primaria. Aun dejando a un lado las diferencias ideológicas, es en los momentos de crisis donde este principio del humanismo se hace más evidente.

Por supuesto, existen otros servicios esenciales que se esperan del Estado, como son la salud pública de calidad, una seguridad efectiva y respetuosa, y una educación de alto nivel que sea accesible para todos. Estos son, sin duda, componentes vitales para el bienestar de los ciudadanos que no deben ser ignorados.

Hablando de otro modo, la expectativa hacia la política no se centra únicamente en alcanzar una economía “perfecta”, ni se rige por las teorías económicas de renombrados expertos internacionales. No son las hojas de cálculo ni las estadísticas las que deben dirigir los destinos de una nación. Según el Papa Francisco, la verdadera función de la política es garantizar la dignidad y los servicios básicos para todos los ciudadanos. En última instancia, los países y sus sociedades están formados por personas, nada más y nada menos.

El mundo actual está manipulado por unos pocos que, desde diferentes puntos del planeta, imponen condiciones económicas opresivas con el único propósito de prevalecer sobre los demás, incluso a costa de la dignidad y la libertad de las personas. Esto ha generado una condición de falsedad y engaño que nos relega al papel de simples consumidores o fuerza laboral subyugada.

Desde la asunción del gobierno democrático de Javier Milei, hace casi dos años, ha quedado claro su enfoque: aplicar una política neoliberal centrada en la economía de mercado, con el objetivo declarado de erradicar la corrupción. Sin embargo, el costo social de esta política ha sido severo. La realidad del desempleo y la inflación desmiente las cifras oficiales publicadas, y el acceso a necesidades básicas como la alimentación y la salud pública se deteriora progresivamente.

Además, recientemente, en una sesión histórica del Senado, se evidenció la falta de apoyo gubernamental cuando se rechazó el veto presidencial sobre la emergencia para discapacidad. Por otro lado, los medios de comunicación y periodistas que deciden no alinearse con el discurso oficial enfrentan censuras y presiones, lo que distorsiona la percepción pública de la realidad.

A través de los últimos cinco o seis gobiernos ha habido constantes en su forma de operar: campañas electorales saturadas de hostilidad hacia los oponentes y un supuesto compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la historia y la experiencia nos han mostrado que estas proclamas no han podido erradicar la corrupción efectivamente.

Aún así, existen numerosos ciudadanos que escogen la honestidad y la integridad ante la corrupción omnipresente. Este es un rayo de esperanza que demuestra que no toda la sociedad está dispuesta a aceptar la deshonestidad como norma.

A medida que nos acercamos a las elecciones de medio término, queda claramente demostrado que la justificación de políticas de austeridad fiscal, proclamada por algunos como necesaria para el progreso del país, no puede aceptarse si el precio es excluir a una parte de la población.

En suma, la economía argentina, con sus recurrentes crisis y desafíos, debe buscar un equilibrio que no solo se centre en lo fiscal, sino también en el bienestar social. Los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, no pueden ser meros espectadores de teorías económicas que no reflejan la realidad de la mayoría.

Así, el compromiso con la dignidad de proveer comida y trabajo se convierte en la verdadera medida de justicia tanto en las urnas como en todos los aspectos de la vida social y política del país.